Víctor Manuel Martínez Contreras, subprocurador de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), explicó a socios CANACAR que las reformas aprobadas en outsourcing ilegal, facturación falsa y Ley de Extinción de Dominio, buscan erradicar la defraudación al fisco y promover la formalidad entre los empresarios, y dio algunas claves para evitar sanciones involuntarias.
En un encuentro a puerta cerrada liderado por Enrique González Muñoz, presidente nacional de CANACAR, Martínez Contreras fue claro al señalar que las nuevas leyes fueron creadas para llegar a los verdaderos líderes del crimen organizado, “…esto es para aquellos que han montado un verdadero esquema delictivo y que por años han defraudado al fisco y a los propios empresarios. Quienes no deben nada, tampoco deben temer”, asestó.
Indicó que gracias a trabajos de investigación se han identificado defraudadores al fisco por más de 7.8 millones de pesos. En ese sentido, explicó que se han clasificado a los delincuentes fiscales en función del entramado montado, así como el valor de la defraudación, ya sea por facturación falsa o outsourcing ilegal.
Éstos son los tipos de delincuentes fiscales y sus sanciones:
- No delictivos: Normalmente cumplen en tiempo y forma sus obligaciones fiscales, pero por falta de planeación fiscal u omisiones por error o negligencia, se evita un pago. Para este caso no hay sanción penal, siempre que haya una autocorrección, es decir, acercarse a pagar.
- Delincuente básico: Utiliza engaños y defrauda por cualquier monto. La pena es prisión desde los 2 meses a 9 años, y aunque no amerita prisión preventiva, se hace uso de sustitutivos de prisión, con opciones alternas.
- Delincuente fiscal grave: Utiliza engaños y mecanismos para ocultar o disfrazar su obligación fiscal, son o pertenecen a empresas que deducen operaciones simuladas (EDOS), consumen facturas falsas o defraudan por más de 7.8 millones de pesos. La sanción puede ser desde 3 meses hasta 13.5 años de prisión preventiva, sin opción a salidas alternas.
- Delincuencia organizada: Entendiéndose como 3 o más personas dedicadas al crimen. No son contribuyentes, su actividad criminal es permanente o reiterada, son o pertenecen a Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), defraudan más de 7.8 mdp. Se castiga con prisión preventiva desde 4 hasta 16 años.
Aprovechando la ocasión, los transportistas sensibilizaron al funcionario sobre las condiciones especiales en materia fiscal del sector. “Un operador desde que se sube al camión empieza a gastar. Sin embargo, hay proveedores que no emiten facturas, o peor aún, nos pueden involucrar en una situación de factoraje falso, involuntariamente. Es ahí donde está nuestra preocupación. Cuál será el criterio que aplicarán en estos casos, no sólo para empresas del transporte, sino para todas las industrias. Pedimos certeza”, explicó Bernardo Lijtszain, expresidente de CANACAR.
Por su parte, José Refugio Muñoz López, vicepresidente ejecutivo del organismo, dijo que los transportistas formales son los principales aliados de la PFF en la lucha contra la delincuencia. No obstante, pidió que, además de endurecer las sanciones y jerarquizar el tipo de delincuentes fiscales, la dependencia debería trazar una estrategia que permita combatir la informalidad. “Tan estamos a favor de endurecer las leyes, que promovimos que el robo al autotransporte se tipificara como delito grave y como delincuencia organizada. Sin embargo, con estos cambios al outsourcing y facturación, lo que hace falta es dar certeza a los formales, y que los preocupados sean los informales”, sostuvo.
Ante los cuestionamientos, la PFF se comprometió a mejorar la difusión de las nuevas leyes y los respectivos criterios de aplicación de sanciones, y garantizó una línea directa con afiliados de la cámara para brindar asesoría personalizada a los socios que lo soliciten.