- Manifiesta CANACAR preocupación del sector transportista por acuerdo aéreo binacional ante legisladores
El acuerdo binacional sobre transporte aéreo entre los gobiernos de México y Estados Unidos favorece el intercambio de pasajeros y de carga, impulsa el crecimiento del tráfico de negocios en beneficio de las economías de ambos países y mejora la atracción de México como destino de turismo internacional, consideraron legisladores y especialistas en el Senado de la República
Durante el foro de análisis “Acuerdo sobre transporte aéreo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de los Estados Unidos de América”, organizado por la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte de la Cámara Alta, la senadora presidenta de dicha comisión, Marcela Guerra Castillo, señaló que el transporte aéreo transfronterizo se caracteriza por su fuerte demanda, posicionándose como un mercado altamente competido, ya que a través de él se lleva a cabo 70 por ciento en movimiento de pasajeros y 52 por ciento de carga.
Expuso que el instrumento negociado entre ambos gobiernos, suscrito el 18 de diciembre de 2015, “constituye una oportunidad y una herramienta que, de aprobarse, implica un mercado de 515 mil millones de dólares al año para la aviación, además de la posibilidad de explorar un mercado adicional de carga que asciende a los 659 mil millones de dólares al año”.
En su momento, la subsecretaria de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Yuriria Mascott Pérez, aseguró que el nuevo acuerdo “cumple los objetivos que nos planteamos para fortalecer a la industria aeronáutica nacional” para hacer de México una gran plataforma logística global que genere valor agregado.
“El nuevo acuerdo de servicios aéreos actualiza un instrumento de más de 50 años y nos alinea a las mejores prácticas internacionales en la materia. Da flexibilidad a la industria aérea de México para que crezca al gran potencial que está hecha, en beneficio de todos los usuarios, y posiciona a México como plataforma turística y destino de clase mundial”, sostuvo.
La comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), Alejandra Palacios Prieto, explicó que el convenio vigente impone fuertes restricciones a la oferta de más opciones de movilidad aérea entre México y EU, limitando el proceso de competencia y libre concurrencia en el mercado aéreo, “sin duda su remplazo es muy deseable”. También habrá más oportunidades de servicio de carga y existen elementos muy importantes para considerar que el nuevo convenio binacional aéreo fomentará la competencia en el mercado de vuelos entre ambas naciones, tanto para vuelos regulares de pasajeros como para carga, agregó.
Al tomar la palabra, José Refugio Muñoz López, vicepresidente ejecutivo de CANACAR, puso de manifiesto la preocupación del gremio transportista al indicar que el punto 8 del artículo octavo de tal acuerdo señala que “las líneas aéreas pueden optar por encargarse de su propio transporte de superficie o hacerlo a través de arreglos con otros transportistas de superficie, incluyendo aquel operado por otras líneas aéreas y proveedores indirectos de transporte aéreo de carga. Dichos servicios intermodales de carga pueden ser ofrecidos a un precio integrado con el transporte aéreo y de superficie combinado, siempre que los embarcadores no sean mal informados respecto a las condiciones relativas a dicho transporte”.
Resaltó que esta disposición en particular despertó inquietud en el sector transportista previamente a que se enviará para su ratificación a esta cámara, por lo que “en virtud de que su redacción se podía interpretar que a través de un Convenio Bilateral Aéreo se pretendía abrir a la participación extranjera el servicio público de autotransporte de carga reservado, como todos lo sabemos, para los nacionales y empresas mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros, reservada también para los estadounidenses y canadienses en sus respectivos países”.
Ante esta posibilidad señaló “nos dimos a la tarea de buscar mecanismos que aclararan dicho texto, desde luego encontramos la disposición por parte de la SCT y el apoyo de los senadores, particularmente de Marcela Guerra y Yuriria Mascott, que fueron personajes importantes en este proceso de aclaración en relación con el texto”.
Derivado de ello, mencionó que la presentación que acompaña el texto remitido al Senado de la República por el presidente Enrique Peña Nieto “nos tranquiliza, pues apunta que el transporte terrestre de carga deberá sujetarse a la legislación de cada país y que, particularmente, en México dichos permisos sólo se otorgan a personas físicas o morales mexicanas”.
Finalmente, Muñoz López solicitó a los senadores considerar en su exposición de motivos que en el caso del autotransporte de carga el tramo terrestre se rige con su propia legislación, la cual establece que todos los servicios que tienen origen y destino dentro del territorio nacional llamado cabotaje, está reservado para empresas nacionales con cláusula de exclusión de extranjeros.