- Seguridad vial, capacitación a conductores y modernización vehicular, entre los planteamientos de los transportistas.
Una comitiva de CANACAR, encabezada por José Refugio Muñoz López, vicepresidente ejecutivo del organismo, acudió a la Dirección General de Autotransporte Federal (DGAF) para plantear 5 propuestas para ser consideradas en el Programa Nacional de Desarrollo 2019-2024.
Salomón Elnecavé, titular del área dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), dio la bienvenida a los participantes a las Mesas de Trabajo Sectoriales para la elaboración del documento, en el que se precisan los objetivos, las estrategias y prioridades del desarrollo del gobierno federal.
Durante dos días, la organización transportista planteó una serie de propuestas que se distribuyen en cinco ejes: marco legal y normativo; seguridad vial y capacitación a conductores; simplificación administrativa; modernización vehicular y financiamiento para el micro y pequeño transportista; y la constitución de empresas integradoras para mejorar la competitividad.
Respecto al marco legal y normativo la propuesta fue clara: crear una Ley General de Transporte que sea el marco de referencia para la homologación de las leyes y reglamentos federales, estatales y municipales relativos a la prestación de los servicios de transporte, a fin de facilitar la operación de los servicios a lo largo del sistema nacional de carreteras. Esta ley sería la eventual actualización a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
De acuerdo con Olimpia Hernández, directora jurídica de CANACAR, 15 estados de la República tienen permisos vigentes relacionados con horarios de la circulación, 20 entidades restringen la circulación en ciertas vialidades y dos estados más aplican permisos para la carga y descarga de las mercancías.
Por su parte, Óscar Sánchez, titular de la Unidad de Profesionalización de CANACAR, detalló que la industria padece un déficit de cerca de 50 mil conductores profesionales, reto que se agrava, ya que la SCT sólo cuenta con 299 centros de capacitación autorizados en el territorio nacional.
En ese sentido, detalló que para CANACAR resulta fundamental aprovechar el reciente programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro, ya que mediante este esquema se podrá contar con nuevos aspirantes a conductores, que significarían nuevas fuentes de empleo formales y bien remuneradas, explicó el directivo.
Señaló que para tratar de contrarrestar el déficit de conductores será fundamental involucrar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ya que es la entidad que opera el programa; a la Secretaría de Educación Pública, para que sus centros de capacitación puedan obtener el reconocimiento de la SCT, y finalmente el apoyo de ésta última para que agilice los tiempos de capacitación y que los conductores puedan obtener la licencia.
Según estimaciones de CANACAR, si se impulsa la operación de los centros de capacitación, y se suman los jóvenes a esta industria, al año se podrían capacitar más de 23 mil operadores.
En materia de simplificación administrativa, José Luis Ramírez, titular de la Unidad de Servicios Especiales de CANACAR, sugirió digitalizar cada vez más los documentos y fomentar trámites vía electrónica, lo que ayudaría a contribuir a hacer más eficiente al sector, combatir la corrupción y abonar a la competitividad del autotransporte de carga.
Respecto a la modernización vehicular y financiamiento, Tomás Martínez López, asesor de CANACAR, expuso la importancia de establecer un Programa de apoyo a la micro y pequeña empresa del autotransporte de carga, con las siguientes características:
- Modernizar el parque con vehículos menos contaminantes
- Fondo de financiamiento por la Banca de Desarrollo
- Esquema de estímulos fiscales que incentive la destrucción de vehículos obsoletos y su reemplazo por vehículos nuevos.
- Abastecer a todo el país de diésel UBA para disminuir las emisiones contaminantes.
- Crear un programa de apoyo a las empresas que opten por vehículos nuevos equipados con tecnologías menos contaminantes.
Como complemento, propuso establecer un marco jurídico que limite a 5 años la antigüedad de los vehículos que ingresen por primera vez al servicio de autotransporte de carga, y que se limite a 20 años el tiempo de operación de las unidades en servicio.
Finalmente, Irla Espinosa, titular de Estudios Económicos de CANACAR, propuso crear un fondo para el apoyo del autotransporte de carga a través de la Banca de Desarrollo.
Asimismo, expuso la viabilidad de instaurar el modelo de Empresa Integradora en el autotransporte de carga, como una alternativa para mejorar la competitividad. Para ello, será imprescindible implementar un Fondo de apoyo específicos para el micro y pequeño transportistas que permita captar y canalizar los recursos por conducto de las empresas integradoras.
Señaló que este concepto de Empresa Integradora representa una forma de organización empresarial que asocia a personas físicas o morales de escala micro y pequeñas, e incluso medianas empresas formalmente constituidas. Al conformar una empresa integradora les permitiría generar financiamiento, acceder a servicios especializados a bajo costo, obtener poder de negociación conjunto, y aprovechar los mercados y acceder a economías de escala global para prestar mejores servicios de calidad.