A partir del 7 de febrero de 2020, los concesionarios y permisionarios de servicios de arrastre, arrastre y salvamento, y depósito de vehículos están obligados a respetar las tarifas máximas autorizadas por la Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno de Puebla.

Ante la inminente necesidad de regular dicho servicio, el gobierno estatal publicó en el periódico oficial, el acuerdo por el que se determinan las tarifas máximas por el cobro de dichos servicios, mismas que están contenidas en el Reglamento de la Ley de Transporte del estado, expedido el 14 de enero del 2020.

De acuerdo a la publicación, con dicha regulación se está dando solución a una añeja problemática que aqueja a los usuarios del servicio y plantea diversos tabuladores y tarifas determinadas por la Secretaría de Movilidad que fungirá como vigilante de las nuevas disposiciones para dar certidumbre en el costo real del servicio.

En entrevista para la Revista Transportando al País, Román Mendoza Corral, delegado de CANACAR en la entidad, y uno de los principales actores en las negociaciones, señaló que la publicación de las tarifas de servicios son un logro importante para los socios de la institución transportista, puesto que varias de las propuestas realizadas por CANACAR fueron incluidas en las disposiciones anunciadas.

El tema se había planteado desde el año pasado, indicó el empresario, y los acuerdos alcanzados se llevaron alrededor de 5 meses de reuniones, para finalmente lograr esta regulación.

“Nosotros hemos venido exigiendo en las mesas de trabajo, la modificación de algunos puntos que no han sido convenientes en la regulación, y nuestra labor es llevar a la mesa de la Secretaría todos aquellos casos de abusos”, apuntó Mendoza Corral, quien hizo un llamado a los afiliados de la cámara a que se acerquen a la delegación para reportar todos esos casos.

Finalmente, el transportista local indicó que con la publicación de esta base tarifaria en Puebla, pueda ser posible que otras entidades lleven el modelo y ajusten a su realidad la normatividad para evitar abusos por parte de los prestadores del servicio.